La emergencia humanitaria y el miedo legítimo de muchas familias ceutíes no justifican los linchamientos ni la xenofobia; hace falta una respuesta valiente del Estado y de la UE que proteja a las personas migrantes, garantice seguridad y servicios a la población local, persiga a los violentos y aborde las causas estructurales con políticas solidarias y humanas.