No podemos renunciar a la soberanía digital, pero desde la izquierda exigimos que cualquier apuesta por centros de datos vaya acompañada de inversión pública en la red, reglas ambientales y laborales estrictas (evitando la retroactividad injusta que espanta inversión) y garantías de que la expansión sea realmente renovable, eficiente y socialmente justa.