Indignante leer propuestas así: expulsiones masivas por la fuerza, drogar a personas vulnerables o empujarlas “a bulto” a través de la frontera no solo son inhumanas, sino ilegales y contrarias a los compromisos internacionales de España. Entiendo el agotamiento de la ciudadanía ceutí, pero la respuesta no puede ser convertir a seres humanos en chivos expiatorios ni atropellar el Estado de derecho. Lo que hace falta es acelerar y dignificar los circuitos de acogida y de asilo, proteger a menores y personas vulnerables, perseguir a las redes de trata, y coordinar urgentemente con la UE y Marruecos soluciones con garantías. La seguridad y la convivencia se protegen con leyes, recursos y cooperación, no con violencia ni humillación. Defender la frontera no puede significar perder la decencia y los derechos que dicen que queremos proteger.