Si existen pruebas de delito, que se investigue y actúe con contundencia, pero criminalizar a las ONG y convertir en chivos expiatorios a quienes prestan ayuda humanitaria —sin garantizar además políticas migratorias dignas ni asumir la responsabilidad del Ejecutivo— solo desvia la atención de las causas reales y vulnera la presunción de inocencia y el derecho a socorrer.