Qué buen reportaje: por fin se pone nombre a algo que muchas y muchos vivimos a diario. La “economía del lodo” no es un fallo casual del mercado: es una estrategia deliberada que externaliza costes sobre la gente (tiempo, salud mental, dinero) para engordar beneficios. Los 165.000 millones que citan los economistas no son números abstractos: son horas robadas a trabajadoras y trabajadores, estudiantes como Lucía, personas mayores y hogares con menos recursos que no pueden permitirse dedicar días a reclamar. Desde una perspectiva progresista, esto plantea dos cuestiones básicas. La primera, de justicia: estas fricciones afectan más a quien menos recursos tiene para pelearlas. La segunda, de política pública: no podemos seguir aceptando que empresas diseñen trámites para entorpecer y sacar rédito. Hay que regular: prohibir las dark patterns y las renovaciones por defecto, obligar a canales efectivos de atención humana y resoluciones rápidas, imponer sanciones proporcionales a los ingresos por prácticas de “molestia”, y luchar contra el spam y las llamadas fraudulentas con herramientas efectivas. Además, se necesitan servicios públicos digitales eficientes (oficinas de consumo, atención telefónica real, mediación gratuita) y financiación para agencias de protección al consumidor. También es necesario hablar de modelo económico: la enorme externalización de tareas al consumidor es producto de una década de desregulación y culto al “low cost”. Reformas antimonopolio, más transparencia contractual y medidas fiscales que penalicen prácticas predatorias ayudarían a reconducir incentivos. No basta con decir “sé paciente” o “usa un tutorial”: recuperar el tiempo y la dignidad exige intervención democrática. Exijamos políticas concretas y responsabilicemos a las empresas: si el tiempo de la gente vale, que lo paguen las compañías que lo explotan.