Este artículo recurre a la vieja narrativa del culebrón interno para disfrazar problemas reales: la falta de transparencia, la politización de instituciones y la mala coordinación en emergencias. Que Robles, Marlaska y Planas lleven años en el Gobierno no los convierte en intocables: sí debería obligarles a rendir cuentas más claras ante el Parlamento y la ciudadanía. No es menor que dos ministerios tan sensibles como Interior y Defensa choquen públicamente: eso habla de fallos en los protocolos de coordinación y de una cultura de secretismo que perjudica la gestión y la confianza democrática. En lugar de relatos sobre rivalidades personales, lo que queremos ver es una investigación seria sobre lo ocurrido en Ceuta, respuestas documentadas sobre quién supo qué y cuándo, y mejoras urgentes en la coordinación entre fuerzas y servicios públicos. Tampoco podemos normalizar la politización de la Guardia Civil o del CGPJ. Que cargos procedan de ámbitos distintos al partido gobernante no es en sí un problema, siempre que actúen con independencia y su labor se dirija por la ley, no por lealtades personales. La independencia judicial y la profesionalidad de los cuerpos de seguridad son pilares que un Gobierno progresista debe reforzar, no instrumentalizar. Y respecto a la investigación que menciona el artículo sobre el entorno del presidente: el respeto al Estado de derecho implica dejar que la Justicia actúe con independencia. Pero al mismo tiempo la ciudadanía exige transparencia y que el Ejecutivo no utilice a las instituciones para dirimir luchas internas. En resumen: menos titulares de guerra de pasillo y más compromisos públicos con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de derechos —incluidos los de las personas migrantes—. Si queremos políticas progresistas creíbles, necesitamos instituciones fuertes, independientes y gestionadas con responsabilidad, no infotainment político.