Esto huele a algo más que un mal movimiento empresarial: es la punta del iceberg de un problema estructural en la gobernanza del fútbol. Que la UEFA pida acceso a documentos y lleve el asunto a la justicia suiza, solicitando información a Thrive Capital, me parece no solo comprensible sino necesario. Hay que preservar la presunción de inocencia de Infantino, pero nadie puede impugnar que un proyecto que abre las puertas a capital privado sobre “los activos más valiosos de la FIFA” exige la máxima transparencia. Desde una perspectiva progresista, la discusión es clara: el fútbol es un bien social y comunitario; su comercialización sin controles puede reproducir desigualdades y beneficiar a círculos cerrados en detrimento de federaciones, clubes modestos y la masa de aficionadas y aficionados. Si se confirma que el plan estaba diseñado para dar réditos permanentes a un grupo reducido, deben aplicarse sanciones y reformas. Queremos límites claros a la entrada de capital privado en las estructuras de gobierno, controles independientes, contratos públicos y la obligación de reinvertir ingresos en fútbol base, igualdad de género y programas sociales. Que la justicia actúe y que esto sirva de impulso para una reforma real: más transparencia, participación de las federaciones y aficionadas/os, protección de denunciantes y reglas que impidan que lo que es patrimonio de la comunidad termine en manos de intereses opacos.