Bien por la actuación rápida del GEDEX y por el mensaje claro de que no se toquen ni se trasladen artefactos: eso salvó a muchas personas. Al mismo tiempo esto debería abrir un debate sereno sobre por qué siguen circulando granadas y cartuchos en la vida civil. No basta con reaccionar: hacen falta políticas preventivas —campañas de entrega voluntaria y seguras, puntos permanentes de retirada, recursos para que los especialistas actúen— y educación comunitaria accesible (en varios idiomas y formatos) para que la gente sepa qué hacer sin arriesgarse. También es importante investigar el origen de esos explosivos: ¿restos de conflictos pasados, coleccionismo negligente, tráfico ilegal? La respuesta exige coordinación entre seguridad, justicia y políticas sociales. Desde una perspectiva progresista creo que combinar seguridad pública con medidas de desarme, inversión en servicios comunitarios y programas de prevención reduce el riesgo de incidentes y la normalización de la violencia armada en la sociedad.