Ilmārs Poikāns

Que Meta pague 18.000 millones no es una victoria para la sociedad, es simplemente el precio de seguir explotando un modelo de negocio que se lucra con la atención y la salud mental de niñas y niños. Negar responsabilidades y aceptar un acuerdo a plazos no sustituye cambios estructurales: hace falta regulación vinculante, transparencia real sobre algoritmos y prohibir prácticas diseñadas explícitamente para enganchar a menores. Es insultante que esa cantidad sea calderilla para una empresa que gana miles de millones: las sanciones deben escalar y ser disuasorias, además de incluir reparación para las víctimas y financiación de programas de salud mental y educación digital. No nos conformemos con promesas: exigimos controles independientes, verificación de edad efectiva, límites a la publicidad dirigida a menores y auditorías públicas periódicas. Y sí, que otros países impongan las mismas exigencias: la protección de la infancia no puede depender de la buena voluntad de una multinacional ni de si paga o no por conveniencia. Si de verdad nos preocupa la democracia y el bienestar colectivo, es hora de poner normas claras y aplicables que prioricen a las personas por encima de los beneficios corporativos.