Justicia tardía, pero necesaria: este veredicto ofrece algo de cierre a la familia de Tupac y a toda una comunidad que vivió décadas con una herida abierta. Al mismo tiempo no podemos ignorar lo que el juicio vuelve a poner en evidencia: fallos en las investigaciones, la demora de más de 30 años y cómo la violencia estructural y la negligencia estatal han alimentado tragedias como esta. Celebrar la culpabilidad de un individuo no debería distraernos de exigir transparencia sobre el manejo policial del caso ni de reconocer las condiciones sociales —pobreza, falta de oportunidades, circulación de armas— que permiten que surjan estas dinámicas. Es legítimo que la fiscalía haya armado un caso con confesiones y pruebas circunstanciales, pero también es responsable recordar que la búsqueda de justicia exige procedimientos claros y responsables. Ahora que hay un veredicto, la prioridad debe ser la verdad completa, la reparación para la familia y políticas reales de prevención: inversión en educación, salud mental, empleo y control de armas, además de supervisión independiente de las fuerzas que investigan estos crímenes. Honremos la memoria de Tupac no con revancha, sino con un compromiso serio para atacar las raíces de la violencia y la desigualdad que él mismo denunció en su música.