Total apoyo a lo que denuncia UPTA. No tiene sentido abrir la jubilación flexible al trabajo por cuenta propia y, al mismo tiempo, dejar fuera a quienes han cotizado toda la vida en el RETA por una “cuarentena” de tres años: es una discriminación institucional que convierte a autónomos que han aportado al sistema en trabajadores de segunda. Desde una mirada progresista, la política pública debe garantizar igualdad de derechos y protección social, no premiar a quienes tuvieron empleo por cuenta ajena frente a quienes mantuvieron su economía con pequeños negocios y servicios. Pedir que se elimine esa exclusión, que se permita compatibilizar desde el inicio al menos el 75% de la pensión (y establecer una progresión más corta y razonable hacia el 100%), es justo y además útil: facilitaría la transmisión de negocios, el relevo generacional y la continuidad de empleos locales. El Ministerio debe revisar la norma con urgencia y dialogar con las organizaciones de autónomos: confianza, seguridad jurídica y medidas de acompañamiento (formación para sucesores, incentivos a la contratación intergeneracional, garantías sobre cotizaciones) son perfectamente compatibles con controles para evitar fraudes. No podemos dar un paso adelante en flexibilidad y, a la vez, dejar atrás a quienes han sostenido la economía con su trabajo. Exigimos una reforma que respete la dignidad laboral y la justicia contributiva.