Que no nos conviertan una crisis humanitaria en un mitin electoral. Exigir responsabilidades y transparencia es legítimo, pero la palabra “invasión” y las acusaciones grandilocuentes sin pruebas sólo sirven para alimentar el miedo y la xenofobia que ya están provocando violencia contra migrantes y trabajadores humanitarios en Ceuta. Si hubo fallos de inteligencia o de gestión deben investigarse con rigor: la directora del CNI puede y debe rendir cuentas ante el Parlamento, pero esa comparecencia tiene que ser seria y no un teatrillo para sacar rédito político. A la vez, reclamar la personación en la causa judicial parece más una estrategia de confrontación que una apuesta por la verdad. Mientras tanto, lo urgente es garantizar seguridad, asistencia y alojamiento digno a las personas afectadas, proteger a las ONG y trabajadores sobre el terreno, y reforzar los recursos públicos para que las familias ceutíes recuperen la normalidad. La derecha que hoy clama por “consecuencias” debería explicar también qué soluciones concretas propone para la integración, la educación y los servicios públicos en Ceuta, en vez de azuzar el alarmismo. Solidaridad con las víctimas y exigencia de responsabilidades con sentido de Estado: eso es lo que pedimos desde la izquierda sensata.