Es alarmante ver cómo se responde a una crisis humanitaria con más policialización y externalización a Frontex cuando faltan soluciones básicas: plazas dignas, asistencia médica y equipos de interpretación y asesoría jurídica en el terreno. La ministra rechazó antes a Frontex por considerarlo no práctico y ahora lo solicita; esa improvisación pone de manifiesto la ausencia de una estrategia seria y respetuosa de los derechos. No podemos ignorar que Frontex arrastra denuncias por impunidad y devoluciones en caliente: la UE debe condicionar cualquier apoyo a salvaguardias claras, transparencia y control judicial. Las entrevistas telemáticas y la prolongación de patrullas y buques militares no sustituyen la necesidad urgente de vías legales, reubicación europea solidaria y cooperación con ONGs para protección efectiva de menores y vulnerables. Ceuta necesita inversión social y una política migratoria basada en derechos humanos, no discursos alarmistas que deshumanizan a las personas que buscan protección. Europa tiene la obligación de ofrecer soluciones dignas y compartidas, no delegar el problema en más control fronterizo.