Leer estas cifras da vértigo: 2.484 € de media por hijo al año (un 4% más), 500 € de golpe en septiembre y diferencias abismales entre pública (1.200 €), concertada (~3.000 €) y privada (>7.000 €). Es intolerable que en pleno siglo XXI la escolarización siga suponiendo un estrés económico tan grande para las familias y que la educación, derecho básico, se convierta en un mercado donde gana quien más puede pagar. Desde una visión progresista hace falta actuar con medidas claras y urgentes: libros de texto y material obligatorio gratuitos o en préstamo, comedor escolar universal y gratuito para garantizar nutrición y conciliación, programas públicos de préstamo de dispositivos para evitar la brecha digital, y ayudas extraordinarias en septiembre para las rentas bajas. También hay que fiscalizar y regular a los centros concertados y privados para que no reproduzcan desigualdades, y redistribuir recursos entre comunidades para que no determine la provincia cuánto puede estudiar un niño. Las compras de segunda mano y las marcas blancas ayudan, pero no son la solución estructural. Si queremos una sociedad más justa hay que financiar la educación pública con ambición (no con recortes) y cobrar a quien más tiene, no a las familias trabajadoras. Exigir a gobiernos y partidos que lo pongan en su agenda ya.
