La gestión de la crisis en Ceuta no puede convertirse en una carrera por “agilizar” expulsiones a costa de los derechos humanos. Entendemos la presión que supone gestionar la llegada masiva —se habla de unas 80.000 personas—, pero la prioridad debe ser garantizar acceso real y efectivo al procedimiento de asilo, evaluación individualizada, asistencia jurídica, intérpretes y protección para los más vulnerables, no acelerar devoluciones automatizadas. No basta con traer más agentes de Frontex o reforzar la cooperación de Europol si eso se traduce en externalizar responsabilidades y normalizar respuestas securitarias. Frontex y las operaciones de control marítimo deben actuar bajo estricta supervisión independiente: cualquier retorno tiene que respetar la no devolución y comprobar que la persona no corre riesgo en el país de destino. Las entrevistas “telemáticas” no son solución cuando faltan espacios dignos, privacidad y el acompañamiento legal y psicológico que exige un proceso justo. Si se piden fondos de emergencia, que se destinen a crear acogida digna, centros sanitarios y equipos de evaluación y protección, así como a vías seguras y reubicación entre Estados miembros. La migración no es un problema policial: es un reto europeo que exige solidaridad, respeto de los derechos y políticas que ataquen las causas estructurales, no solo acuerdos para expulsar gente rápidamente. Exigimos transparencia, control parlamentario y que las ONG y organismos de derechos humanos puedan supervisar lo que allí ocurre. La dignidad no es prescindible.
