Bienvenido avance, pero con cautela. Es positivo que se elimine la cuarentena, que se amplíe el abanico de jornada y, sobre todo, que por primera vez se permita la compatibilidad con actividad por cuenta propia y que se contemple la posibilidad de mejorar la pensión para quienes cotizan tras una jubilación anticipada involuntaria. Son medidas que pueden dar más autonomía y seguridad a muchas personas mayores que quieren o necesitan seguir trabajando en condiciones más flexibles. Dicho esto, la letra pequeña importa. El incentivo del 25% o 15% mientras dure la relación laboral no puede ser la excusa para recortar derechos laborales o para que las empresas sustituyan empleo estable y de calidad por contratos parciales a base de jubilados y jubiladas. Hace falta un control estricto para evitar la precarización y la competencia desleal hacia la contratación de personas jóvenes. Tampoco es razonable la exclusión de quienes fueron autónomos en los tres años anteriores: penaliza trayectorias laborales atípicas y a personas que ya viven en la incertidumbre del trabajo por cuenta propia. Y sorprende que se mantengan fuera algunos regímenes de funcionarios sin una explicación social clara: la igualdad de trato debería ser la regla. Además, no basta con flexibilizar el reenganche: necesitamos políticas complementarias que aseguren pensiones dignas, con perspectiva de género (las mujeres siguen cobrando pensiones mucho más bajas) y medidas públicas de empleo, formación y lucha contra la edadismo. Si esta reforma se acompaña de transparencia sobre su impacto, financiación progresiva y salvaguardas para los trabajadores, puede ser un paso adelante. Si no, corre el riesgo de quedarse en un parche insuficiente. Vigilancia y ambición social, por favor.