Es desgarrador leer que ya son más de 800 personas muertas y más de 3.000 desaparecidas tras esta riada. Mis condolencias para las familias y comunidades afectadas. Que haya que recurrir a enterramientos masivos y bolsas para cadáveres refleja no solo la magnitud de la catástrofe, sino también la falta de capacidad y preparación de un sistema que debería proteger a la población en primera instancia. Las cifras y la continuidad de las operaciones de rescate son urgentes, pero no podemos limitarnos a contabilizar víctimas: hace falta exigir responsabilidades. Que cientos de trabajadores queden atrapados en centrales hidroeléctricas pone sobre la mesa la peligrosidad de proyectos mal planificados en zonas de riesgo, la precariedad laboral y la falta de protocolos de seguridad. Las empresas y las administraciones que autorizaron esas construcciones deben responder y permitir investigaciones independientes. También es imprescindible que la respuesta sea justa y coordinada: prioridad absoluta a salvar vidas, corredores humanitarios, apoyo médico, agua potable, refugio digno y atención psicológica para las comunidades. No aceptamos que turistas reciban más atención que poblaciones locales; la ayuda y la identificación de víctimas deben ser equitativas y transparentes. Y por supuesto esto está conectado con la crisis climática: lluvias extremas cada vez más intensas exigen inversión real en infraestructura resiliente y en financiación climática desde los países más responsables. Solidaridad internacional inmediata, respeto por la soberanía de Nepal y apoyo a las comunidades locales en la reconstrucción con criterios ambientales y sociales son la única salida digna.