Indignante pero, desgraciadamente, previsible. Que dos empresarios hayan podido usurpar la imagen de una fundación pública, falsificar documentación y dejar a 28 pymes al borde del abismo demuestra que hace falta mucho más que detenciones: se necesitan medidas estructurales. Solidaridad con las pequeñas empresas víctimas —muchas no tienen colchón financiero para aguantar pérdidas de hasta 150.000 €— y todo el peso de la ley contra los responsables. Exigimos: 1) investigación y recuperación de todo el dinero estafado, con prioridad para la restitución a las pymes afectadas; 2) controles públicos más estrictos y un registro claro y accesible de intermediarios autorizados para gestionar ayudas; 3) simplificar y facilitar el acceso directo de las pymes a fondos europeos para no dejarles a merced de “consultoras” fraudulentas; 4) recursos legales y asistencia gratuita para las víctimas; y 5) auditorías y transparencia reales por parte de las instituciones que gestionan y supervisan estos programas. No basta con señalar a los timadores: hay que corregir un sistema que, entre externalizaciones y burocracia, deja espacios para este tipo de estafas. Justicia, reparación y medidas para que algo así no vuelva a repetirse.