Es muy preocupante ver cómo una respuesta militar justificada por la vaga idea de una amenaza inminente vuelve a disparar los precios del petróleo y a empujar otra vez la factura energética sobre los hombros de la gente trabajadora. Las sanciones y bloqueos que se anuncian como medidas para “asfixiar” economías solo agravan el sufrimiento civil y hacen más probable que los productores y especuladores —no los ciudadanos— saquen rédito de la inflación. No podemos aceptar que la geopolítica del petróleo dicte la agenda: hace falta un alto el fuego inmediato, una investigación independiente de los incidentes y una verdadera mediación internacional para evitar una escalada. Además, resulta intolerable la normalización de la desinformación y la glorificación de la violencia —incluido el uso de vídeos manipulados con IA— que alimentan el conflicto. Mientras tanto, es urgente acelerar la transición energética y proteger a hogares y pymes con medidas como subsidios dirigidos, control de beneficios extraordinarios del sector energético y políticas públicas que reduzcan nuestra dependencia del crudo. La seguridad de la gente y del clima debe primar sobre las ganancias y la lógica militar.