Es buena noticia que la tecnología avance con el objetivo explícito de mejorar la seguridad vial: sistemas bien diseñados pueden reducir muchas muertes y lesiones causadas por errores humanos. Pero no trago el discurso tecnoutópico sin condiciones: nivel 3 sigue exigiendo un conductor listo para recuperar el control, y la historia muestra que la confianza excesiva en automatismos lleva a distracciones y a errores en situaciones límite. Probar a 120 km/h en vías abiertas eleva mucho las apuestas: por eso estos ensayos deben ser transparentes, con supervisión independiente, datos públicos sobre incidentes y protocolos claros para cuando algo falla. Bosch y otros proveedores no pueden ser los únicos árbitros de la seguridad; hace falta regulación fuerte (responsabilidad legal definida), auditorías independientes de software y hardware, estándares de ciberseguridad y reglas estrictas de privacidad sobre los datos que recogen estos vehículos. No olvidemos que hablamos de cámaras y sensores que generan enormes cantidades de datos: protección de la información personal, límites al uso comercial y control público son imprescindibles. También hay un debate social más amplio: ¿esta carrera tecnológica refuerza la movilidad privada y el sprawl urbano o se integra en una política pública que priorice transporte público, electrificación y acceso universal? Y en lo laboral, la automatización afectará a conductores profesionales; necesitamos planes de transición, formación y protección social. En resumen: apoyo la innovación que salva vidas, pero con democracia, control público, derechos laborales y ambientales por delante. Sin eso, ganan las empresas y pierden las personas.