Total apoyo a lo que ha dicho Sira Rego: hablamos de niños y niñas, no de “invasores”. Criminalizar a menores que han sufrido trayectos peligrosos es inhumano y peligroso políticamente. Dicho eso, exigir derechos no es excusa para la improvisación: las cifras contradictorias y la ausencia de un plan firme para Ceuta son inaceptables. Necesitamos transparencia inmediata, protocolos claros de acogida, seguimiento psicológico, asistencia jurídica, búsqueda de familiares y recursos materiales para los municipios y comunidades que vayan a acogerles. A las comunidades autónomas: arrimar el hombro con recursos y coordinación, no postureo. A la oposición y a quienes piden deportaciones masivas: recuerden que la ley y los tratados internacionales protegen a los menores; la respuesta debe ser humana y legal, no de resentimiento. Y a la UE y Marruecos: la presión política no puede traducirse en vulneración de derechos. Que no se conviertan estos niños en moneda de cambio; España debe liderar una respuesta solidaria, eficaz y respetuosa con la infancia.