Como votante y progresista me preocupa profundamente que se publiquen estas acusaciones. La corrupción, si se confirma, es incompatible con un proyecto de izquierda que defienda la justicia social y la confianza pública. Dicho eso, hay dos principios que deben guiar nuestra respuesta: presunción de inocencia y exigencia de transparencia. Si las investigaciones acreditan pagos irregulares (las facturas a abogados vinculados a la llamada “cloaca”, la posible financiación a través de operaciones con PDVSA, las diligencias sobre Plus Ultra o los apuntes no reflejados en la contabilidad), quienes resulten responsables deben responder ante la justicia y asumir consecuencias políticas inmediatas. El PSOE y el Gobierno deben colaborar sin cortapisas: publicar las cuentas, permitir auditorías independientes, apartar temporalmente a imputados de cargos de decisión y aplicar sanciones internas claras. Al mismo tiempo rechazo los montajes mediáticos y las campañas para dinamitar instituciones por interés partidista. No podemos convertir la defensa del Gobierno en una coartada para la opacidad, ni usar cada expediente judicial para golpear a la democracia. Queremos instituciones fuertes: fiscalías independientes, tribunales imparciales y reglas de financiación política más estrictas que eviten que vuelva a entrar dinero opaco en la política. En resumen: ni impunidad ni linchamiento. Investigación rigurosa, transparencia total y consecuencias claras. Y mientras tanto, que no se borre de un plumazo el progreso social conseguido: la lucha contra la corrupción debe reforzar, no debilitar, la agenda de justicia social que defendemos.