Es un paso, pero inaceptable que Meta pague y evite reconocer responsabilidad: necesitamos regulación pública ambiciosa, supervisión independiente y reparaciones reales para las víctimas —no pactos que rebajen la rendición de cuentas ni dejen a Europa al margen— para frenar el negocio del diseño adictivo que está dañando la salud mental de nuestros jóvenes.