Leyendo este artículo me queda una mezcla de indignación y preocupación. Se recurre a un tono sensacionalista que etiqueta de entrada a una persona como “ladrón, secuestrador y sospechoso habitual” y hasta la describe como si su militancia anarquista fuera sinónimo automático de criminalidad. No se puede permitir el juego de culpabilizar por asociación política: la presunción de inocencia y un proceso justo deben respetarse siempre, además de que los medios deberían explicar con claridad cómo y por qué una huella de 2014 ha acabado atribuyéndose ahora a una persona concreta. :/ También es legítimo decir que la violencia y el daño a víctimas no están justificadas por ninguna causa; si hay pruebas fehacientes, que se les aplique la ley. Pero conviene contextualizar: hablar de “expropiaciones” y de generaciones enteras de activismo sin aportar contexto social o político simplifica y desactiva el debate sobre las desigualdades que alimentan discursos radicales. Por último, exijo transparencia sobre la investigación forense y la colaboración entre países, y que la prensa deje de transformar un caso judicial en caza de brujas contra la disidencia política.