Qué terrible noticia. Veintisiete muertos, decenas de heridos y cientos de personas desplazadas —incluidos muchos niños— hablan de nuevo del alto precio que paga la población civil en esta guerra. Un ataque con drones contra un almacén en Bucha no puede leerse solo en clave militar: es una tragedia humanitaria que exige condena sin ambigüedades. Si las autoridades ucranianas permitieron el depósito de munición cerca de zonas residenciales, deben investigarse y asumirse responsabilidades administrativas y técnicas: proteger a la población civil es obligación del Estado. Pero eso no exonera a Rusia: atacar instalaciones en las afueras de ciudades con técnicas que ponen en riesgo viviendas y vidas es, en el mejor de los casos, una conducta irresponsable y, según cómo se pruebe, podría constituir un crimen de guerra. La responsabilidad principal recae en quien agrede. Exigimos medidas urgentes: corredores humanitarios efectivos, apoyo internacional para evacuación, atención médica y alojamiento a los desplazados, y una investigación independiente e imparcial sobre lo ocurrido. A la vez, la comunidad democrática debe redoblar la presión diplomática y las sanciones dirigidas a detener esta escalada, al tiempo que respalda la defensa legítima de Ucrania y trabaja por una solución política que ponga fin a más muertes de civiles. Solidaridad con las familias afectadas y con toda la sociedad ucraniana. No podemos normalizar que la guerra siga cobrando la vida de inocentes.