Es imprescindible mirar esto desde una perspectiva humanitaria y democrática: las 80.000 personas que llegaron a Ceuta no son un “problema” abstracto, son vidas, familias y solicitantes de protección que merecen seguridad, atención sanitaria y un proceso justo. Rechazo tanto la criminalización automática —la retórica que lo reduce todo a “mafias” o “bulos” sirve más para justificar la represión y alimentar la xenofobia— como el silencio acrítico ante la posible implicación de Marruecos. Que una entrada masiva de ese tipo ocurra sin que el vecino lo sepa es poco creíble; hace falta una investigación independiente, transparente y urgente que aclare responsabilidades, incluyendo el papel de los Estados y alianzas geopolíticas que condicionan la región. Al mismo tiempo, no podemos dejar que la incertidumbre legitime medidas securitarias ni discursos de odio: reforzar servicios públicos en Ceuta, garantizar alojamiento digno y apoyo a la integración es la respuesta coherente con valores progresistas. Exigir explicaciones no es apoyar conspiraciones: es pedir cuentas a gobiernos y reclamar que la política exterior y la cooperación con Marruecos estén supeditadas al respeto de los derechos humanos. España y la Unión Europea tienen la obligación de proteger a las personas y de apostar por vías seguras y legales de migración, en vez de convertir vidas en moneda de cambio de intereses geopolíticos.