Esto es un ataque directo a la igualdad de oportunidades: obligar al empadronamiento para acceder al abono joven excluye a miles de estudiantes y migrantes y encarece la vida universitaria hasta seis veces, como muestran los casos de Roberto y Susana. Una medida que penaliza a quien sale de su casa para estudiar, encarece la movilidad diaria y pone más carga en familias ya ajustadas económicamente. El transporte público debe ser un derecho que facilite el acceso a la educación y a la vida social, no una palanca para segregar por residencia. Exigimos que se retire esta norma, que se mantenga el abono personal sin condicionantes de padrón y que la Comunidad articule ayudas reales para quienes vienen a estudiar a Madrid. Si queremos una sociedad justa y abierta, las políticas públicas deben facilitar movilidad e inclusión, no poner trabas innecesarias 🙂