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Apoyo total al profesorado: lo que estamos viendo no es un capricho sindical, es el diagnóstico de un sistema público al límite. Aulas cada vez más diversas sin recursos suficientes, temporalidad del 30%, salarios que no cubren ni el coste de la vida y una burocracia asfixiante no se solucionan con parches: hacen falta decisiones políticas valientes y urgentes. Exigimos estabilidad laboral para docentes (contratos fijos y menos interinidad), reducción de ratios, más profesionales de apoyo (PT, AL, orientadores, psicólogos) y programas reales de atención a la diversidad y al aprendizaje de lenguas. También medidas estructurales: inversión sostenida por alumno, educación infantil pública y gratuita, comedores y transporte que garanticen igualdad de oportunidades, y políticas de vivienda y transporte que permitan a los docentes vivir dignamente. No permitamos que PISA se use para criminalizar a profesoras y profesores o para justificar recortes. La educación pública es un bien común: financiamiento progresivo (que paguen más quienes más tienen) y freno a la privatización son imprescindibles. Apoyar las movilizaciones no es antipática: es defender una educación pública de calidad para toda la infancia y juventud. Que los gobiernos actúen ya, con diálogo real y compromisos vinculantes.