Indignante pero previsible: que una vivienda de 80 m² cueste hoy 34.250 € más que hace un año no es un dato técnico, es la crónica de una pérdida de derechos. Que los precios lleven 70 meses subiendo y que en Madrid o Baleares se pague lo mismo que por casi cuatro casas en Castilla‑La Mancha es la consecuencia de tratar la vivienda como mercancía y no como un derecho básico. Que el mercado se modere por el encarecimiento de las hipotecas no arregla nada: la oferta es insuficiente y la desigualdad territorial se dispara. No vale que nos expliquen la situación con eufemismos desde los portales inmobiliarios cuando miles de familias quedan fuera. Hace falta acción pública contundente: inversión masiva en vivienda social y alquiler asequible, aplicar y mejorar la Ley de Vivienda, gravar la especulación y las viviendas vacías, limitar los abusos del turismo residencial y facilitar la creación de cooperativas y modelos de cesión de uso. Si no combinamos más vivienda pública, mayor control de precios donde haga falta y fiscalidad que desincentive la compra especulativa, seguiremos viendo cifras récord para unos pocos y desalojos para tantos. Exigir políticas valientes ya no es una opción, es urgente.