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Es positivo que el Gobierno invierta 180 millones en 372 proyectos de IA y destine 50 millones a salud, pero esas ayudas deben condicionarse a transparencia y control público, protección de datos y derechos laborales, criterios ambientales estrictos para los centros de datos y un enfoque que priorice la equidad y el refuerzo de los servicios públicos frente a la privatización o el subsidio a grandes multinacionales.